Por Claudia Lagos
Publicado el 22/7/2011 en CIPER
En abril del 2011, y ya hartos de asistir a conferencias de prensa donde políticos, deportistas o artistas no aceptaban preguntas, los periodistas españoles a través de Twitterlevantaron el movimiento#sinpreguntasnohaycobertura: partió como la indignación de algunos y agarró tal vuelo que emitieron incluso un manifiesto y el 2 de mayo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España pidió a los medios de comunicación que no acudieran a las ruedas de prensa donde no se les permitiera preguntar.
En este fin de mundo, no sólo se repiten actividades públicas, del poder, donde no se aceptan preguntas. Sino que también se levantan propuestas de reformas legales tendientes a restringir la esencia misma de la labor de la prensa: preguntar.
El diputado de Renovación Nacional, Gaspar Rivas, anunció que presentará un proyecto de ley que busca prohibirle a los periodistas formular preguntas “en forma imprudente, invasiva y hostigosa”. Aparentemente, la principal preocupación del honorable es que los reporteros… no hagan su trabajo.
Sería interesante preguntarle al diputado Rivas qué entiende por una pregunta “imprudente, invasiva y/u hostigosa”: Invasivo es quien irrumpe, que entra y ocupa un lugar. A veces, en oposición a alguien o algunos. Imprudente significa que es quien no tiene cautela, que no actúa con moderación. Y una pregunta hostigosa es una pregunta molesta y fastidiosa. A mi juicio, suena a exactamente lo que un reportero debe hacer frente a los poderosos: meterse en los rincones donde éstos no quieren que la prensa husmee; indagar en aquello que otros prefieren silenciar y preguntarle lo que haya que preguntar a quien ostenta cargos de poder, como un diputado, y que, por definición, debe rendir cuentas a la opinión pública.
La iniciativa es, a todas luces, curiosa por decir lo menos. Curiosa, porque estamos en el siglo XXI y en las últimas dos décadas Chile ha sido condenado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica sobre libertad de expresión: por prohibir La Última Tentación de Cristo, por el caso Palamara y por negar el acceso a la información sobre el proyecto Trillium.
Adicionalmente, nuestro país aún penaliza los llamados delitos de opinión a través de las figuras de injurias y calumnias y los reporteros arriesgan penas de cárcel si usan cámaras ocultas, en oposición a la tendencia en la región y a las recomendaciones del sistema interamericano respecto a despenalizar los delitos de información y opinión. Eso, sin contar innumerables casos de violación directa a la libertad de expresión, como fue el caso de El Libro Negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus, en las postrimerías de la década de los ’90, entre tantos otros; y de violación indirecta a este derecho humano fundamental, como es la enorme desigualdad en la entrega de concesiones radioeléctricas, que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones como AMARC y la misma Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Aún no hemos aprendido nada.
Así las cosas, el diputado Rivas parece desconocer este triste record nacional e insiste en lo que otros antes que él han impulsado con otros nombres, en otros momentos: restringir la labor de la prensa. Los parlamentarios suelen tener una de las epidermis más sensibles frente a la acción de los reporteros. Hace algunos años, el Parlamento quiso restringir formalmente el ingreso de periodistas al Congreso e, incluso, quería acotar lo que éstos podían o no reportear.
Pero no por ser un intento más en los esfuerzos de ciertos sectores por constreñir la labor de los periodistas es que debiéramos dejarlo pasar y quedarnos en el mero gesto burlón. Es absurdo y risible, claro está. Pero es riesgoso: un proyecto de ley puede, de acuerdo a los vaivenes políticos y a las sensibilidades del minuto, ser discutido y aprobado… tal como lo propone el honorable Rivas.
Una cosa es que seamos críticos al rol contemporáneo de los medios de comunicación con su espectacularización y el irrespeto a ciertos imperativos éticos, donde el caso de las escuchas ilegales en News of the World es el paradigma, y otra cosa muy distinta es no comprender lo que debe hacer la prensa y el periodismo en una sociedad democrática contemporánea.