Por Cristián Cabalín
Publicado el 27/1/2010 en El Mostrador
La semana pasada, Sebastián Piñera protagonizó el primer desencuentro con la prensa desde que fue electo el 17 de enero. Algunos periodistas acusaron el pauteo de las entrevistas pactadas con los canales de televisión. Según las versiones conocidas, los asesores del nuevo Presidente solicitaron evitar las preguntas sobre sus negocios. Aunque la mayoría accedió a los requerimientos, con este episodio quedó la sensación de estar afectando la relación que se debe establecer entre una autoridad y la prensa.
Sin embargo, la restricción de temas y el menoscabo al periodismo libre son, lamentablemente, prácticas habituales en la que incurren muchos políticos y que también aceptan muchos periodistas.
El ex Presidente Ricardo Lagos tuvo una relación tensa con El Mercurio y La Tercera en el contexto del caso MOP-Gate. Tanto así que envío una carta a Agustín Edwards quejándose por el trato recibido y al diario de Álvaro Saieh no le concedió entrevistas durante mucho tiempo. Durante su administración, también, se intentó imponer la lógica del pool para cubrir las actividades presidenciales en terreno, lo que desató el rechazo cerrado de los reporteros de Palacio y la medida debió revertirse en tres días.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados pretendieron restringir el acceso de la prensa a la cafetería y a los pasillos del Congreso, además de imponer la acreditación obligatoria para los periodistas con dos semanas de anticipación. Por suerte, esta iniciativa fue modificada a los pocos días.
La Presidenta Michelle Bachelet también ha pasado malos ratos con los medios de comunicación, que la trataron con dureza en un comienzo debido, principalmente, al Transantiago. No obstante, desde que su popularidad viene en alza, los medios han tendido a suavizar sus posturas y han sido mucho más condescendientes, sobre todo, en las entrevistas individuales que de vez en cuando concede.
Pese a lo anterior, la Asociación de Periodistas de La Moneda emitió una declaración pública el 20 de enero pasado quejándose por el trato que el director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (SECOM), Juan Carvajal, tuvo con uno de sus miembros (Rienzi Franco, de radio Bío-Bío) que incluyeron garabatos y llamados al medio en el que trabaja por haber informado de su retorno a las actividades de Palacio.
La organización, conocida como “La Copucha”, agregó que “lamenta que durante los cuatros años de la Presidenta Michelle Bachelet la relación entre la prensa de Palacio con la Mandataria y sus asesores haya evidenciado un retroceso”.
Esto pone de manifiesto que a quienes ejercen el poder (o están bajo su sombra) les incomoda mantener un vínculo fluido y transparente con los medios de comunicación. Por eso, el sistema político siempre ha intentado controlar el funcionamiento de la prensa, muchas veces con nefastas consecuencias para la democracia.
Es cierto que ya no existen persecuciones en contra de los medios como ocurrió durante la dictadura, pero ahora los mecanismos de censura son más sutiles y difíciles de monitorear. Y justamente en esa dirección van los llamados, retos, presiones y malos tratos que afectan directamente el trabajo de los periodistas y de la prensa, en general.
Estas prácticas alteran las premisas básicas de la relación que debe existir entre el sistema político y los medios de comunicación en un régimen democrático de gobierno. La prensa debe fiscalizar y cuestionar las decisiones que se adoptan y que afectan a la mayoría de la población, mientras que quienes detentan el poder deben tener una actitud de transparencia para rendir cuentas y estar bajo el escrutinio público. Solo así se avanzará en el afán por tener una democracia más robusta.