Publicado el 25/10/2010 en La Otra Prensa
Chiara Sáez Baeza, socióloga y Doctora en Comunicación, ha desarrollado investigaciones en el campo de los medios alternativos. Su tesis doctoral, “Tercer sector de la comunicación. Teoría y praxis de la televisión alternativa”, aborda las experiencias de España, Estados Unidos y Venezuela. Asimismo, se desempeñó como investigadora del Consejo Nacional de Televisión.
Chiara Sáez Baeza, accedió a conversar con Otra Prensa! sobre el futuro de la televisión digital en Chile y el papel de los medios alternativos. En este contexto, se refirió al polémico decreto gubernamental que amplia el permiso para que los canales transmitan por señal digital.
Actualmente se discute en el Congreso la ley de Televisión Digital. En términos generales ¿existen expectativas de una apertura democrática en la televisión, a partir de este cambio tecnológico?
La ley de TV digital ha abierto expectativas de democratización del espectro radioeléctrico, del mismo modo que lo ha hecho en la mayoría de los países donde ha comenzado a implementarse. La realidad, tanto en Chile como en el resto del mundo, ha sido que finalmente el cambio tecnológico no ha estado a la altura de esta promesa.
En esto inciden múltiples variables así como la influencia de diversos actores. Pero me atrevo a sostener que la principal responsabilidad recae en el Estado y sus instituciones; particularmente, el modo en que se posiciona entre los lobbies privados y la presión ciudadana. En el caso chileno, ya hemos visto hace unas pocas semanas atrás como el gobierno de turno ha confirmado el derecho preferente a licencias digitales por parte de los grandes operadores de televisión abierta a través de un decreto supremo, saltándose así el trámite parlamentario de la ley. Se dice que es sólo una licencia experimental y por lo tanto no definitiva. Sin embargo, NADA asegura que una vez vencido el plazo, por medio de otro decreto e incluso por la aplicación de alguna ley con carácter retroactivo, estas licencias sean entregadas en toda regla. Sin concurso ni nada.
Es curioso este decreto supremo. Porque no parece responder a ninguna demanda ciudadana. Por el contrario, pone en evidencia que los grandes canales de televisión no necesitan del espacio público para plantear estos debates ni tampoco sus demandas. Todo se ha resuelto por debajo de la mesa y se opera sobre hechos consumados. Tampoco comprendo la actitud de la Mesa de Ciudadanía y TV digital, que denuncia el hecho, se reúne con el Subsecretario Atton y queda conforme con un acuerdo de palabra (¡de palabra!) con respecto a que la intención del decreto es “buena”. Nadie cuestiona el derecho preferente que se otorga a los grandes canales de TV en la transición digital, que es el tema de fondo. Y eso es lo que me parece grave: la naturalización de una decisión política, en el peor sentido de la palabra.
De no mediar imprevistos, en breve tiempo se concretará la compra de Chilevisión por parte de la empresa Time Warner, operación comercial que nos recuerda las débiles regulaciones en materia de concesiones. ¿Que explicaría que el ingreso de operadores extranjeros no se discuta, a propósito de la llegada de la televisión digital?
Este no es un detalle menor a nivel legal, pues el proyecto de ley que se discute en el congreso hace especificaciones sobre el carácter nacional de los operadores sólo respecto de las televisiones comunitarias, pero no dice nada respecto de las televisiones de alcance nacional, regional ni local.
Luego, respecto del tema de la presencia extranjera en el mercado televisivo, es un debate con varias aristas. Desde que se permitió la entrada de operadores privados a la televisión chilena a principios de la década de los 90s, la presencia de actores extranjeros no ha sido gravitante en el sector. Televisa originalmente tuvo acciones en Megavisión, pero vendió su participación en 1999, debido a los bajos resultados económicos del canal. Actualmente, el canal Red TV pertenece a Angel González, un empresario mexicano dedicado a la televisión a nivel iberoamericano, con varios canales a su haber, pero ninguno con demasiada repercusión en el mercado. A ello debe agregarse otro dato importante. En un estudio del CNTV de 2009 en el que se hacia un estudio longitudinal de la oferta de contenidos en televisión abierta, se podía observar que la producción nacional ha representado durante esta década en torno al 60% de las horas de oferta televisiva, lo cual es un buen indicador. Por último, Chile no es un país particularmente atractivo para grandes empresas del sector de las comunicaciones, por tratarse de un país pequeño y por tanto, poco rentable publicitariamente hablando.
Hasta antes de Time Warner, entonces, la inversión extranjera en la TV chilena no ha sido vista como una amenaza en ningún sentido (ni económico, ni cultural, ni político). Pero Time Warner es lejos una empresa mucho más potente que las que ya hemos conocido.
La ley que se discute en el Parlamento no dice nada sobre la entrada de capital extranjero al sector de la televisión. Y según indica la experiencia previa, “pareciera” que no se trata de un riesgo serio. Asimismo, la ley deja intacto un artículo ya presente en la Ley 18.838 respecto a que el CNTV debe “fijar, de manera general, un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena de los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción” (lo de “hasta”, hay que decirlo, también es poco claro). Pero no dice nada respecto de los canales regionales y locales, cuando el caso español indica que muchas veces estos canales compran paquetes de producción extranjera (sobre todo telenovelas latinoamericanas de las grandes corporaciones televisivas del continente: Televisa, Telemundo, Univisión, Venevisión, RTI), emitiéndolos una y otra vez para rellenar la parrilla, en varios canales de manera simultánea, desnaturalizando así la noción de televisión regional y local.
Hecha toda esta descripción de antecedentes, creo que el ingreso de operadores extranjeros no se discute porque no se ve como una amenaza y los datos que se conocen dan la razón. Sin embargo, pienso que la ley de televisión no sólo debe pensar el presente sino también adelantarse a posibles problemas como podrían ser la menor presencia de la producción nacional en las pantallas, las consecuencias de carácter económico y cultural implícitas en que una industria internacional llegue a dominar el sector televisivo. Como país pequeño, somos frágiles en el contexto global y eso también se aplica al ámbito de las industrias culturales.
–Planteabas en el año 2004, la necesidad de que la ciudadanía organizada releve el tema de los medios masivos “como vehículo estratégico para la puesta en circulación de miradas heterogéneas”. En ese sentido, ¿crees que hoy exista mayor reflexión sobre los medios masivos a nivel de partidos políticos progresistas y movimientos sociales?
La industria televisiva a nivel mundial se caracteriza por ser un sector económico conservador, en el sentido que no acostumbra a tomar demasiados riesgos y procura siempre ir a la segura. Aunque hay casos y casos. Siempre hay grietas por las cuales se cuelan proyectos interesantes. Pero si a lo anterior agregamos un conservadurismo ideológico generalizado como ocurre en Chile, el asunto se pone más serio. La televisión chilena es chata. Paternalista. Patriarcal. Clasista. Racista. Por ella circula muy poco aire fresco. Y hay pocos programas que destaquen por su calidad, innovación, rupturismo. Yo personalmente destaco en este sentido algunos aciertos en las teleseries nocturnas de TVN, como productos de entretenimiento con buenas actuaciones y buenos guiones en un horario de alta audiencia. Por su parte, el CNTV apoya en esta tarea por medio de sus fondos concursables, pero aún así las condiciones draconianas que imponen los canales de televisión a las productoras independientes pueden llegar a sofocar proyectos interesantes.
La homogeneidad y la falta de originalidad campea. Pero la introducción de los proyectos de ley sobre TV digital al parlamento en 2008 ha acelerado la presión por parte de la ciudadanía organizada y el movimiento de los medios alternativos respecto de la necesidad de abrir la televisión chilena a la diversidad de su sociedad. Creo que son ellos los que más en esta convicción y vienen actuando en consecuencia.
No sé qué partidos políticos pueden considerarse progresistas hoy en Chile. Lo que si puedo señalar es que en general los partidos políticos chilenos de izquierda, centro y derecha nunca han entendido muy bien a los medios masivos. Abundan los sesgos culturalistas y los sesgos economicistas. Y se requiere todavía mucho debate para salir de estos malos entendidos. Debates que a su vez requieren que los partidos (y la clase política) tengan una versión menos utilitarista de sus electores – audiencias.
Finalmente, ¿que posibilidades tienen los medios alternativos en Chile de confrontar y disputar terreno a los oligopolios de la información, considerando el actual escenario político?
Creo que los esfuerzos que se han llegado a cabo durante estos últimos años desde la Red de Televisoras Populares y de algunas televisiones que forman parte de la Red de Medios de los pueblos de Chile los han visibilizado y legitimado como actores del debate; sin embargo, para que sus propuestas sean gravitantes en la discusión legal y en la política pública necesitarán realizar todavía más trabajo en distintos niveles: legal, técnico y de legitimidad social.
Se necesita desarrollar una política pública específica para el desarrollo de las televisiones comunitarias, de cuya formulación e implementación la cual estos actores formen parte activa. Pero eso depende de voluntad política y de recursos económicos. Hemos visto distintas declaraciones de buenas intenciones al respecto desde el Parlamento, la Subtel y el CNTV, pero no son suficientes por sí solas.