Por Chiara Sáez y Jaime Mondria
Publicado el 17/6/2013 en Acción A.G
La Ley de TV Digital se encuentra en este momento siendo votada en la sala del Senado. Sin embargo, el modelo que se está configurando a partir del debate legislativo y la política por omisión que está llevando a cabo el gobierno prefiguran un modelo de TV digital inquietante, tanto desde una perspectiva industrial como de interés público y derecho a la comunicación. Algunos de los riesgos que se derivan de la configuración adquirida por el proyecto de ley y por las decisiones del gobierno son los siguientes:
Apoyo económico regresivo. El estado de avance de la ley sugiere eliminar el llamado Fondo de Antenas. Producto de ello, no habrá dinero público para apoyo en infraestructuras a canales comerciales medianos o pequeños, ni tampoco para sin fines de lucro (comunitarios u otros) o canales que se encuentren en zonas extremas apartadas o con dificultades de cobertura. Sin embargo, queda un fondo disponible para apoyar con 9 mil millones de pesos proyectos de TV digital que provengan desde el sector de las telecomunicaciones.
Entrada desregulada de un actor estratégico. Se incorpora un nuevo tipo de concesionario, de Servicios Intermedios de Infraestructura (SII). Esta figura no emite contenidos propios, sólo arrienda su capacidad de transmisión de contenidos. Como no son radiodifusores, no tienen ninguna obligación por sobre los contenidos que emiten, además no tienen restricciones a la concentración de concesiones, una misma empresa podría concesionar todo el espectro disponible.
Gratuidad en duda. Sigue sin estar asegurada la gratuidad de todos los servicios que brindará la TV digital abierta, que por definición es gratuita y universal. Esto debido por una parte a que esta obligación no se aplica a los SII y por otra parte al tráfico de meta-datos, que tampoco està siendo cubierto por esta obligación.
Ausencia de nuevas pantallas para la producción audiovisual independiente. La ley no establecerá cuotas de pantalla para la producción audiovisual independiente o externa a los canales de TV. Actuales concesionarios no son partidarios de crear cuotas, pero tampoco de abrir segundas o terceras señales (con la consecuente infravaloraciòn del espectro radioeléctrico otorgado). Tampoco existen políticas de fomento para la aparición de nuevos operadores que pudieran convertirse en ventanas de exhibición en condiciones de mercado adecuadas a los creadores audiovisuales independientes.
Cortapisas al acceso universal y la innovación. Se potencia la integración de personas con discapacidad auditiva, pero se ha dejado fuera a personas con discapacidad visual, en concordancia con una normativa que deja sin efecto la incorporación del middleware ginga en los aparatos de TV digital que se están importando a Chile. La incorporación de esta interfaz es la que facilita el acceso a los contenidos por parte de personas ciegas, pero también es la que permite el desarrollo de aplicaciones tanto comerciales como no – comerciales de la TVD interactiva, con el consiguiente menoscabo de una industria innovadora emergente.
Proyectos comunitarios y de pueblos originarios sin posibilidades reales de emergencia o sustentabilidad. No contarán con ningún apoyo específico para poder incorporarse al nuevo sistema televisivo, pese a que son los que presentan actualmente mayores condiciones de precariedad económica y reconocimiento institucional y el proyecto de ley sigue sin apoyar ningún cambio a esta condición. Parlamento y gobierno los quiere pocos, pobres y pequeños en la TV abierta.
Un plan de espectro oculto al debate público y sin garantías para la reserva de espectro. No hay planificación para la adjudicación de concesiones de televisión, la ley contempla la incorporación de nuevas concesiones regionales, locales y comunitarias, educativas y culturales (40% del espectro para todas ellas) pero se ha legislado sin saber cuántas de cada una de este nuevo tipo de concesiones existirán, pues la Subtel se niega a hacer público el estudio encargado al respecto. Tampoco hay reserva de espectro televisivo asignada a pueblos originarios.
Financiamiento de contenidos. Aumentará la demanda por los fondos concursables del CNTV para la generación de contenidos de calidad, pero no hay un mandato legal relativo a un aumento de estos recursos. Y el financiamiento por concursos, en el escenario de la introducción de nuevos actores medianos y pequeños, no es sostenible como modelo de negocios.
Falta de articulación entre contenidos y cobertura de canales locales y regionales. Actualmente, las definiciones que hace la ley de canales de TV nacionales, regionales y locales, opera únicamente en base a un criterio técnico: el alcance de la zona de cobertura. Se pierde así la oportunidad de establecer por ley otras diferencias más profundas, en base a contenidos, al carácter de las concesiones. Una concesión nacional, regional o local, además de brindar cobertura en las zonas concesionadas debiera entregar contenidos dirigidos a los públicos que alcanza y dinamizar la industria audiovisual de su entorno más cercano.
Impacto negativo sobre la misión de servicio público de TVN. La digitalización implica un cambio a la Ley de TVN, que ha tenido su propio desarrollo en el Parlamento. En mayo 2012, el ejecutivo envió al Parlamento un nuevo proyecto para reformar la ley de TVN, que por su brevedad y especificidad se conoció como “Ley corta de TVN”, que ya está lista para ser votada por la Sala del Senado. Esta Ley Corta le permitirá alianza con los canales privados, antes que permitirle aliarse con sectores sociales que apuestan por fortalecer la TV pública por medio de un tele-radiodifusor abierto a la producción educativa, cultural y comunitaria. Se le otorga la posibilidad a optar por una nueva frecuencia, al tiempo que se le permite (vía Ley Corta) operar cada vez menos diferenciado de una empresa privada para hacer negocios con sus activos.
Una colaboración entre Chiara Sáez Baeza y Jaime Mondría que sintetiza un documento de discusión elaborado a solicitud de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.