Por Raúl Rodríguez
Publicado en junio 2014, en observacom
A casi siete años de que ingresara al Congreso chileno el proyecto de radiodifusión comunitaria y ciudadana, y a cuatro años de promulgarse la ley sin que la normativa esté en plena ejecución, las radios comunitarias se han declarado en alerta frente a un proceso que califican de arbitrario y discriminatorio con el sector social.
La misma Presidenta Bachelet, quien ahora cumple un segundo periodo (2014-2018), prometió en el lanzamiento del proyecto de ley, a fines de 2007, “ampliar las posibilidades de coberturas de las radios comunitarias, pudiendo ser incluso de alcance regional, poniendo término a las limitaciones de potencia”.
Sin embargo, según informa la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, al casi 70% de las radios comunitarias (160 de 232), que se acogieron a la nueva ley, les fueron rechazados sus proyectos, lo que las obligará a permanecer en la mismas condiciones de antes que se dictara la Ley 20.433, es decir, con un 1 watt de potencia y 6 metros de altura de la antena, y no con hasta 25 watts y antena a 18 metros de altura, entre otras disposiciones.
Las radios tuvieron sólo 10 días para responder a los reparos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En cambio, la Subtel se demoró dos años en evaluar los proyectos de migración al nuevo segmento asignado (105.1 al 107.9 FM, dependiendo de la zona de servicio), los que fueron ingresados a esta repartición el 15 de noviembre de 2012. Finalmente, luego de una reunión entre ANARCICH y el Subsecretario Pedro Huichalaf, se acordó conformar una mesa técnica entre las partes, otorgar un plazo extra de 20 días para presentar los reparos y realizar estudio de factibilidad de adecuación de las frecuencias disponibles.
Así, lo que en su momento fue para las redes de radios comunitarias una oportunidad para corregir y avanzar en una mayor democratización de las comunicaciones en nuestro país –pese a las críticas expresadas al proyecto por AMARC Chile y el programa de legislaciones de AMARC ALC que hizo hincapié en que no deben existir “limitaciones previas o arbitrarias de cobertura, potencia o calidad de emisoras”- esta ley resulta en la práctica una nueva barrera para el desarrollo de otros medios, no comerciales, que son los que concentran el 90% frecuencias de radio en Chile, con evidentes signos deconcentración oligopólica.
Pese a las recomendaciones de las relatorías de libertad de expresión de la OEA y de la ONU, que en sus informes anuales alertan sobre la concentración de medios, la persecución a radios comunitarias y la situación de comunicadores en el marco de los conflictos sociales desde 2011, tanto la “nueva” coalición gobernante de centro izquierda, la Nueva Mayoría, como los gobiernos anteriores han obviado el debate por una nueva ley de medios, que garantice acceso y representación de todos los sectores sociales en el manejo de frecuencias con y sin fines de lucro.
De hecho en el reciente informe de 2013, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, junto con advertir sobre la improcedencia de la sanción penal contra las radios comunitarias sin licencia, proceso de derogación que enfrenta susúltimos trámites para eliminarse en la legislación chilena, señala que “el Estado está obligado a establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida. Los medios de comunicación privados deben contar con garantías para una adecuada operación y no deben ser tratados de manera discriminatoria. En este sentido, los medios comunitarios deben ser protegidos por el Estado, ya que a través de ellos se expresan comunidades y grupos sociales excluidos, que están en muchas ocasiones ausentes del debate público y cuya inclusión es un imperativo de todo Estado democrático”.
Mientras aún ni siquiera está como horizonte político en el nuevo gobierno de Bachelet una nueva ley de medios, o una ley de los tres tercios, que otorgue hasta el 33% del espectro al sector público, comercial y social en igualdad de condiciones, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, en la inauguración de la Conversación Subregional Andina organizada por el Programa de las Américas del Centro Carter, y realizado en la Fundación Fiedrich Ebert en Santiago, planteó 3 desafíos importantes: robustecer la libertad de expresión en Chile, mayor diversidad “editorial” de los medios y mejor distribución del avisaje estatal, que se concentra sobre el 70%, según priorizan algunos ministerios, en el duopolio de la prensa chilena, El Mercurio y Copesa.
Aun cuando el norte trazado podría ser auspicioso, el giro de 180% que propone el gobierno, no solo choca con este derrotero que deja la Ley de Radios Comunitarias sino con varias piedras de toque, que han sido la forma en que el Estado chileno ha entendido y se ha relacionado con los medios de comunicación social desde el retorno a la democracia. Las leyes parciales sobre comunicación desde 1990, con la ley de TVN de 1992 hasta la leyes de radios comunitarias en 2010 y TV digital en 2013 no han resuelto de fondo las inequidades del sistema de medios, que adolece de espacios democráticos, escasa regulación -incluyendo cuestionamientos a sus coberturas-, financiamiento público insuficiente para desarrollar el sector social y local, y con varias dudas respecto de la entrada de la radio al entorno digital, entre otros aspectos
Por lo pronto, la promesa de una ley para el fomento y promoción de la radio comunitaria es perjudicial en sus efectos de democratizar el dial, con un “corralito” que no cumple estándares internacionales, expectativas y el sentido de la ley de otorgar un espacio para el desarrollo de las experiencias radiales del mundo social.
No se hizo estudio de espectro en su momento para garantizar la promesa de potencia de hasta 25 watts, la que, lejos de emparejarse con el sector comercial, sea, al menos, de alcance mayor. Tampoco se sabe cuándo comiencen a operar realmente los concursos de radiodifusión para asignar frecuencias de radios comunitarias, si habrá espacio disponible para la entrada de nuevos actores u organizaciones de la sociedad civil. Otra promesa que tampoco podría cumplirse y de la cual deberá hacerse cargo la mesa técnica entre ANARCICH y Subtel.